Mérida, 25 Julio (Infoqroo/Info y Poder).- La Senadora Verónica Camino Farjat brindará, con un equipo abogados, asesorías a hombres y mujeres que resulten afectados en sus derechos a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, aprobada el pasado 21 de julio con el voto mayoritario de los diputados del PAN y sus aliados.
En un comunicado, la legisladora morenista se solidarizó con cada una de las personas que con su trabajo sirven al Estado, a los ciudadanos y a la comunidad, al mismo tiempo que ofreció apoyo para promover Juicios de Amparo a quienes se sientan afectados. “Los trabajadores del Estado de Yucatán, no están solos”, aseguró.
Añadió que solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su intervención para analizar la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstey) que, dijo, es Inconstitucional, atenta contra la dignidad de las personas y los Derechos Humanos, y se promueva, si así lo considera procedente, la Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Con la entrada en vigor de esta norma enviada al Congreso del Estado por el Ejecutivo Estatal se dio un duro golpe a los maestros, personal de salud, empleados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los de los organismos autónomos y ayuntamientos, entre otros, que a diario ponen lo mejor de sí y entregan con su valioso esfuerzo años de trabajo al servicio del estado”, asentó.
La Senadora por Yucatán puntualizó sobre las principales afectaciones que sufrirán las y los trabajadores del Estado con la entrada en vigor esta nueva Ley del Issstey, en sus aportaciones para el fondo de pensiones, Derechos Humanos y crecimiento personal.
Precisó, que esta Ley aumentará del ocho al 15 por ciento el pago de las cuotas y aportaciones para el fondo de pensiones al Issstey, ocasionado que la base trabajadora perciba menos ingresos en su sueldo.
Recordó que, en su caso particular, los empleados del Poder Judicial no tienen un solo aumento en su salario, desde hace más de tres años, además con la entrada en vigor de esta Ley les descontarán más dinero, que afectará su gasto familiar.
La entrada en vigor de la nueva Ley del Issstey, sostuvo, viola el Principio Pro-persona, ya que limita el crecimiento personal y la carrera en el servicio público de los trabajadores del estado, pues les quita la posibilidad de mejorar las condiciones de un mejor ingreso al jubilarse o pensionarse de acuerdo a sus últimos salarios.
Por ello, aseguró, los planteamientos de esta nueva norma son evidentemente regresivos en sus garantías laborales, ya que atentan contra su derecho a una jubilación digna.
“El Estado debe profesionalizar y dignificar el servicio público, pero en este caso no lo hace, al igual que generar más y mejores oportunidades para los trabajadores del estado, pues tiene la obligación constitucional de promover y garantizar el respeto a los Derechos Humanos de todas las personas”, recalcó Verónica Camino.
