Riviera Maya, 30 de octubre (Galu Comunicación).— La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) calificó de impreciso y ambiguo el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito a las playas.
“No estamos contra el libre acceso a las playas; sin embargo, si se permite un acceso desordenado que no esté vigilado y regulado adecuadamente, puede traer un perjuicio importante a los bienes, no sólo de los particulares, sino de la nación, y representar un peligro para el ambiente y sustentabilidad de los mismos”, señaló la agrupación hotelera presidida por Toni Chaves en relación a las reformas emitidas por el Ejecutivo que entraron en vigor el pasado jueves 22 de octubre.
En un comunicado, el organismo empresarial, que agrupa a 135 hoteles con más de 34 mil habitaciones en la Riviera Maya, se dijo a favor de generar una regulación más adecuada, apegada a la realidad, que brinde certeza jurídica tanto a las autoridades como a los particulares y propietarios de una concesión.
“Los hoteleros pugnamos siempre por que se logre un aprovechamiento regulado y sustentable de tan importante patrimonio natural para todos los habitantes del país”, añadió la AHRM sobre el decreto que establece que “el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento”.
Sin embargo, para el organismo turístico “es indispensable promover que los ayuntamientos habiliten las ventanas al mar en términos de la ley, este decreto parece pasar esa responsabilidad del estado a los particulares, además se prioriza el esparcimiento sobre un derecho fundamental, el derecho a la propiedad privada.”
La modificación del artículo 127, del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo y Terrenos Ganados al Mar, señala que en caso de que no haya accesos desde la vía pública al mar, los propietarios deberán permitir el libre acceso mediante los accesos que convenga con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante compensación en los términos que fije el reglamento.
Toni Chaves precisó que en las modificaciones a la ley para permitir el acceso a las playas no se tomó en cuenta al sector hotelero y el resultado fue una legislación con vacíos, pues no establece cómo permitirán los particulares el acceso desde su propiedad.
“El Decreto aprobado recientemente, la responsabilidad de abrir los accesos al mar donde no haya se lo dejan a los particulares, cuando la ley dice que dicha responsabilidad es de los municipios, lo que evidencia la deficiencia administrativa en la aplicación de la norma y no de un problema de vacío legislativo”, comentó.
La AHRM advierte que este acto “vulnera los derechos constitucionales más elementales de propiedad”, aspecto que resulta más lesivo para la sociedad que las supuestas limitaciones al disfrute de las playas que pretenden remediar.
Como se ha dicho, siempre fue responsabilidad de las autoridades competentes, independientemente de que la redacción del referido decreto, no es clara y en muchos casos ambigua, lo que indefectiblemente tendrá por resultado un sinnúmero de abusos y controversias generando más daños a derechos fundamentales de los que se intenta evitar, añadió.
“La problemática de fondo se resuelve con la aplicación de la ley anterior y no por medio de una labor legislativa que concede derechos irrestrictos de acceso a la playa para esparcimiento por encima de los derechos humanos referidos a la propiedad privada”, agregó.
“Estas reformas carecen de toda lógica jurídica y violan flagrantemente los derechos humanos consagrados en la Constitución”, señaló la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), organismo reúne a 100 asociaciones filiales incluyendo a los hoteleros organizados de la Riviera Maya.
El organismo nacional envió una carta al Senador Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, para exponer su inconformidad por estas reformas planteadas a la Ley General de Bienes Nacionales.
Entre los puntos que rechaza son el pretender desconocer los derechos adquiridos de los titulares de concesiones, permisos y autorizaciones de Zonas Federales Marítimos Terrestres, que implica legalizar la intromisión al domicilio privado, no establece reglas claras para que se garantice el acceso a las playas y las multas y revocación que se pretende imponer resultan ruinosas en relación con el fin que se persigue.
