Roberto Borge Angulo, nuevo integrante de la lista de políticos quintanarroenses en desgracia
Cancún, 8 de enero (Infoqroo).- Con su aprehensión en Panamá hace seis meses y repatriación la semana pasada, el ex gobernador Roberto Borge Angulo unió su nombre a la ya tristemente célebre lista de funcionarios y políticos quintanarroenses implicados en imputaciones que los han llevado a la cárcel por ejercicio inadecuado, abusivo e ilícito de su responsabilidad pública.
Borge Angulo es el segundo gobernador, en los menos de 50 años de historia de la entidad, que es sujeto a un proceso judicial punitivo tras haber huido del estado luego de concluir el período para el cuál fue electo.
El originario de Cozumel, quien por ahora permanece en un penal de Morelos en posible espera de ser trasladado al reclusorio de Chetumal si fructifican las gestiones que la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo realiza, es el último de una lista de la que el máximo protagonista ha sido hasta ahora el cuarto gobernador, Mario Ernesto Villanueva Madrid, que apenas el mes pasado abandonó presidio en ese estado para ser llevado a la Ciudad de México.
Pero más que gobernadores, son alcaldes, o presidentes municipales los que han pagado su desempeño ilícito con presidio y virtualmente, todos ellos, Villanueva Madrid incluido, han pasado por la “silla maldita” del Ayuntamiento de Cancún.
Borge Angulo, podría decirse, es el primer político quintanarroense de alta envergadura que no ha pasado por la Presidencia Municipal de Benito Juárez (Cancún) antes de ingresar a un penal como recluso.
Antes de él, estuvo su contendiente en las elecciones de 2010, el ahora comentarista televisivo, Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, detenido en medio de una confabulación política, para que no pudiera participar en esos comicios, en los que parecía ser el favorito para ganar la Gubernatura que finalmente fue para el ahora presidiario en Morelos.
Sánchez Martínez, luego de ser detenido en el aeropuerto de Cancún el 25 de mayo de 2010, fue trasladado momentáneamente a la Ciudad de México y luego a un penal de Nayarit, requerido por un juez y acusado por la presunta comisión de delitos del fuero federal, entre ellos contra la salud en su modalidad de fomento y empleo de recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero-, de los que fue exonerado finalmente en 2011.
En esa fotografía de la ficha signalética (fichaje penal), repetida constantemente desde la década de los 90´s del siglo pasado, además de Sánchez Martínez hay otros tres munícipes de Benito Juárez que fueron objeto de procesos, ya sea por mal manejo de recursos o vínculos con el crimen organizado y narcotráfico, como se presume ocurrió ahora con el aún candidato a la Gubernatura por tres partidos.
El primero en esa lista fue el edil interino Arturo Contreras Castillo, quien en 1993, luego de relevar en la alcaldía de Benito Juárez (Cancún) a Mario Villanueva Madrid, fue imputado por presunto peculado en contra de este municipio.
En septiembre y octubre de ese año, autoridades estatales y judiciales procedieron al embargo de bienes del ya entonces ex edil, que dañó al erario con varios cientos de miles de pesos, así como a dictarle un auto de formal prisión.
Nunca se confirmó, pero el colectivo político entendió ese proceso judicial como una revancha del ya para entonces gobernador Mario Villanueva, a quien Contreras Castillo habría osado disputar la candidatura del PRI a la titularidad del ejecutivo estatal.
Y, como ya es sabido, fue, precisamente, Villanueva Madrid el segundo alcalde en esta lista al ser aprehendido en mayo de 2001 por sus nexos con el crimen organizado al que, según acusaciones en su contra, permitió operar desde Quintana Roo durante su mandato de 1993 a 1999.
Mario Ernesto permaneció recluido en México, luego en Estados Unidos y de nuevo a México, donde en una especie de procesión penitenciaria ha sido llevado de un presidio a otro.
El “Chueco”, como Villanueva Madrid es conocido, era originario de Chetumal, pero gobernó en Cancún por dos años a partir de 1990, luego de haber sido presidente estatal del PRI y diputado local.
Completa el “álbum”, el controvertido y singular médico veterinario Juan Ignacio García Zalvidea, quien, como Gregorio Sánchez, buscó la gubernatura, en 2005 abanderado por el PRD, la cual perdió ante el a la postre mandatario Félix González Canto.
“Chacho”, como fue identificado este edil, conocido entonces por su “trapecismo político”, pues perteneció virtualmente a todos los partidos posibles y fue del PAN al PRD “con escalas” en el PVEM, fue detenido en dos ocasiones.
La primera, en 2004 luego de que el congreso disolvió el cabildo de Benito Juárez y la propia Policía Municipal lo encarceló, aunque instancias federales lo devolvieron al cargo al que renunció poco después para ir por la Gubernatura de su estado adoptivo, pues nació en la Ciudad de México.
Perteneciente a una familia acaudalada por su injerencia en el ramo turístico de Cancún, García Zalvidea fue posteriormente objeto de un proceso por un millonario peculado denunciado por su sucesor en ese cargo, el priísta y luego procurador de Justicia, Francisco Alor Quezada.
El “Chacho” permaneció, tras su detención, varios meses en el penal municipal de Cancún en una celda que compartía con otros reos y en la que tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe y equipo electrónico para su entretenimiento.
Finalmente, salió del penal en 2006 tras el pago de una caución que resarció el daño al municipio de Benito Juárez.
Así, el del “Chacho”, el de Contreras Castillo, el de Villanueva, el de “Greg” y ahora el de Borge es un sino común que ha permanecido en el tiempo, en los poco menos de 50 años de existencia del joven estado, que retrata una triste realidad en su clase política que ha sido seducida por sus múltiples intereses para llevar a ya varios de sus miembros por un tobogán que ha tenido como destino final procesos penales y presidio en su contra.
A la lista se suma también la ex alcaldesa priísta de Tulum, Edith Mendoza Pino, detenida a principios de diciembre de 2012 y encarcelada en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen.
En medio de las pugnas políticas entre Roberto Borge Angulo y Carlos Joaquín González, fue acusada de desvío de recursos, un día después que el Congreso local dio entrada a un juicio político en su contra por presuntas irregularidades durante su administración.
Su captura se concretó en un retén policiaco carretero porque supuestamente transportaba armas de fuego en su vehículo.
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