Resolución de juez confirmaría que se violentaron derechos humanos de usuarios en First National Security, señalan
Cancún, 16 de noviembre, (Infoqroo).- En caso de que se comprueben las ilegalidades en la intervención de 1,500 cajas de seguridad del First National Security, se le daría la razón a la gente que desde un principio denunció violaciones a los derechos humanos, consideró David Uribe, uno de los afectados por el operativo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Señaló que si bien el camino legal que tomó el caso les da cierta alegría, todavía no se puede “cantar victoria” porque todavía falta la mayoría de los 843 usuarios afectados, que recuperen sus pertenencias.
“No sabemos de qué manera vaya a reaccionar la autoridad, nos queda aguantar y esperar que ya concluya todo esto”, expresó
La noche del miércoles se dio a conocer que un juez federal le exigió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), “que justifique jurídicamente” la apertura de las mil 500 cajas de seguridad de la empresa First National Security.
EN su resolución, el juez séptimo de distrito, determinó que la orden de cateo utilizada por la autoridad aplicaba solamente para el inmueble, por lo que no pudo autorizar el cateo de unas cajas cuya existencia ignoraba.
Además, se incumplió el plazo de 48 horas impuesto por el juez para ser informado de esta diligencia, pues el ministerio público federal lo hizo más de una semana después.
Otro argumento es que el cateo concluyó, hasta el plazo otorgado, sin la apertura de la bóveda, por carecer de las herramientas para hacerlo.
“La decisión de abrirlas vino después y debió constituir una técnica de investigación distinta a la primera, requiriendo su autorización judicial separada”, señala la resolución.
Al respecto, Alfredo Cuéllar, abogado de la empresa First National Security, destacó que esta resolución es muy importante para ellos porque les permite demostrar que nunca fueron consultados ni cuestionados sobre este tema, ni participó en algún tipo de procedimiento,
“Esto es importantísimo porque si no todo lo que están encontrando puede ser ilícito, porque es una consecuencia de un acto que no les fue otorgado para esos efectos”, expresó.
De acuerdo con la resolución que se dio a conocer, el juez séptimo ordena al ministerio público federal para que informe dentro de tres días hábiles si contaba con autorización judicial para abrir las cajas y que justifique que la investigación está dirigida a cada propietario de estas cajas, “so pena de ser multados”.
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