Presentan iniciativa de ley para regularizar los asentamientos humanos irregulares en la entidad
Chetumal, 24 de julio, (Infoqroo).- Para enfrentar los problemas económicos, sociales y ambientales que generan a una ciudad los asentamientos humanos irregulares, así como la diputada Candy Ayuso Achach presentó la iniciativa de ley para regularizar los Asentamientos Humanos Irregulares en el Estado de Quintana Roo.
La presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en la Décimo Quinta Legislatura del Congreso del Estado, Candy Ayuso Achach, entre su propuesta ante la Oficialía de Partes del Congreso Local.
En entrevista, la diputada local, comentó que el surgimiento de los asentamientos humanos irregulares es motivado por las migraciones, el crecimiento poblacional y las pocas oportunidades de vivienda que existen, sumado a la tolerancia observada en las instancias reguladoras del desarrollo urbano y planeación territorial.
Asimismo, manifestó que estos asentamientos que en algunos casos existen desde hace más de 20 años en la Entidad, carecen de la infraestructura y los servicios básicos tales como agua potable, banquetas, guarniciones, drenaje sanitario, drenaje pluvial, energía eléctrica, calles pavimentadas, escuelas, centros de salud, centros comunitarios, parques, mercados, transporte público y alumbrado público, cuando la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establece el derecho que toda familia quintanarroense tiene para contar con una vivienda digna y decorosa.
Lamentó que las familias que llegan a los asentamientos irregulares, estén condenadas a no recibir los servicios públicos por muchos años, ya que existe la imposibilidad legal para que los gobiernos puedan destinar recursos para infraestructura y servicios básicos a fraccionamientos que no estén municipalizados.
“Esto además implica un delito grave para cualquier funcionario que realice las aplicaciones de recursos públicos en asentamientos humanos irregulares”, añadió.
Advirtió que estas desigualdades causan además, el crecimiento de la delincuencia, contaminación ambiental, rotura del tejido social, riesgos a la salud, bajo rendimiento escolar, pobreza y marginación.
Ayuso Achach lamentó que el surgimiento de asentamientos humanos irregulares en la entidad sea un problema de crecimiento y como ejemplo citó que en la zona continental de Isla Mujeres todas las colonias están de manera irregular y; en Playa del Carmen, se han registrado hechos violentos de desalojo y crecido los asentamientos irregulares en la zona norponiente de la Ciudad.
En Tulum, agregó, recientemente se dio una invasión masiva de terrenos de particulares por familias que demandan lotes o viviendas con servicios, y en Chetumal, se han instalado y prosperado este tipo de asentamientos en la zona norte y norponiente de la ciudad.
Por lo anterior, propuso esta iniciativa de Ley que se compone de 33 artículos agrupados en Cuatro Capítulos y 7 artículos transitorios.
“El principal objetivo de la Ley, es establecer los supuestos para la regularización de los asentamientos humanos irregulares, regular el procedimiento para ello y fijar las bases de coordinación entre las autoridades que intervienen en su aplicación”.
Precisó que con esta ley, las autoridades competentes como son los ayuntamientos de los Municipios y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Estado de Quintana Roo, estarán obligados a establecer un Padrón Único de Asentamientos Humanos Irregulares.
La iniciativa se plantea como una ley transitoria, con una duración de 5 años en el cual se harán los máximos esfuerzos posibles para regularizar a aquellos asentamientos humanos que cumplan con las disposiciones requisitos y características que se plantean en el ordenamiento legal que se presenta.
La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que con esta iniciativa se pretende recomponer el tejido social y dejar de lado la simulación en la cual, aunque se encuentre tipificado como delito, los posesionarios tienen también derechos adquiridos que deben de ser tutelados por el Estado.
