Chetumal, 18 de noviembre (Infoqroo).— A fin de homologar el sistema de justicia ambiental, cumplir la obligación del Estado de tutelar los derechos humanos y proteger a víctimas de daños ambientales, cuidar y reparar integralmente afectaciones al ecosistema, la XVI Legislatura turnó a comisiones, para su análisis, una iniciativa para incluir el régimen de responsabilidad ambiental bajo el principio de “quien contamine, paga”.
La iniciativa, promovida por los diputados Judith Rodríguez Villanueva, Tyara Schleske de Ariño, Gustavo Miranda García y José de la Peña Ruiz de Chávez, todos integrantes del grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México, establece en su Exposición de Motivos que la Constitución local, en su artículo 31, garantiza el derecho de las personas a gozar individual y colectivamente de un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
De acuerdo con un boletín, en el mismo artículo se precisa el deber de conservar el ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Sin embargo, como toda norma jurídica, no sólo se debe otorgar derechos a favor de los gobernados, sino también obligaciones, en este caso responsabilidades y sanciones para quien provoque daño ambiental y así fortalecer la labor del Estado.
En la sesión ordinaria número 25, presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, también se dio lectura a una iniciativa de decreto por el cual se reforma el artículo 82 y se adicionan los artículos 82 bis y 82 ter de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
La iniciativa, presentada por el diputado Alberto Batún Chulim, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales e integrante del grupo legislativo de Morena, tiene como objetivo implementar los principios, facultades y obligaciones en materia de gobierno abierto que tendrán las autoridades de la entidad.
Se plantea establecer nuevas obligaciones para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado (IDAIP), para que no sólo sea coadyuvante de los sujetos obligados en materia de gobierno abierto, sino que, además, ese órgano, constitucionalmente autónomo promueva políticas públicas para garantizar la implementación de los mecanismos de gobierno abierto y apertura gubernamental.
Las iniciativas fueron turnadas a comisiones legislativas correspondientes para su estudio, análisis y posterior dictamen.
