Ciudad de México, 19 Julio (Infoqroo).- El Grupo Parlamentario del PRD, que coordina el diputado Luis Espinosa Cházaro, pidió que los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Adán Augusto López y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente, sean citados a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Ello, para que informen sobre la decisión de declarar a la construcción del tren Maya como “obra de seguridad nacional”.
Mediante un comunicado, la bancada informó que presentó un punto de acuerdo con ese propósito, ante la Comisión Permanente.
Asimismo, para que los funcionarios expliquen las previsiones a ejecutar para resguardar el ecosistema, la biodiversidad, los acuíferos y evitar impactos adversos sobre las especies de flora y fauna de la selva Maya.
Los diputados perredistas censuraron el hecho de que, a pesar de que hay diversos amparos otorgados a organizaciones y activistas, que han denunciado irregularidades y violaciones constantes a las leyes medioambientales del país y acuerdos signados por México a nivel internacional, el Gobierno Federal ha reanudado los trabajos en algunos puntos del Tramo 5 de ese proyecto.
“Este tramo es el mismo por el que el pasado 30 de mayo, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez concedió una suspensión definitiva contra la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento hasta en tanto el gobierno no presente las pruebas que dieron origen al resguardo de dicho lugar”, indicaron.
En el punto de acuerdo, la bancada del PRD señaló que “ante dichas suspensiones y la terquedad y empecinamiento del Ejecutivo Federal de terminarlo a finales del año próximo, el pasado 18 de julio, en sesión del Consejo de Seguridad, se determinó clasificar al tren Maya como una ‘obra de seguridad nacional’.
“Ello, en un intento por evadir la ley, a fin de reanudar las actividades frenadas por un juez federal, y separando al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de la responsabilidad para delegarla a las secretarías de Gobernación y de Seguridad”.
“Lo anterior simboliza una prueba de que la ley no se cumplió desde el inicio de la obra y sigue sin acatarse, ya que no concluyeron los procesos judiciales a seguir tras las suspensiones”, sostuvieron.
También refirieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendientes por resolver acciones de inconstitucionalidad contra el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2021, por el que el Ejecutivo Federal declara sus obras prioritarias de infraestructura como “de seguridad nacional”.
“Una de las acciones de inconstitucionalidad corrió a cargo del Senado de la República, en tanto que el otro fue interpuesto por el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
“En consecuencia, la SCJN declaró la suspensión parcial del acuerdo en cuanto hace al acceso a la información relativa a tales proyectos”, comentaron.
“El Tren Maya se relacionó, desde el inicio de esta administración, como un proyecto para generar transporte de carga y turismo.
Atraviesa la mayor reserva de selva de México y de América del Norte, por ello ha sido clasificada ‘zona de conservación’ por las Naciones Unidas .
“Ello, ya que, entre otras características que obligan a su preservación están el que, alberga al segundo acuífero subterráneo en importancia conteniendo más de 900 cenotes, con información incuantificable sobre historia natural y orgánica de la vida en el planeta”.
Aseveraron que las problemáticas desatadas por dicha obra son de diversa índole, entre otras las de materia de transparencia, costos y sobrecostos de la obra; pero principalmente las ligadas al impacto ambiental.
La obra, afirmaron, supone el ecocidio de miles de árboles talados para la construcción de vías y estaciones, lo que a su vez impactará sobre la fauna local y la calidad del aire.
“A largo plazo podremos observar las consecuencias referentes a la urbanización y las derivaciones que esto atrae, pues al tratarse de un plan regional, afectará de manera crítica las condiciones de vida de los pueblos originarios que ahí habitan y que han luchado y trabajado por la preservación de sus recursos y prácticas ancestrales.
“Ello, sin contar que se multiplicará el impacto ambiental, pues los centros urbanos son los mayores emisores de contaminación”, abundaron.
“No estamos hablando sólo de naturaleza, sino de pueblos originarios que serán arrasados”, advirtieron los perredistas.
