Organizaciones exigen Parlamento Abierto para reformar la leyes ambientales
Cancún, 2 de septiembre (InZoom.Mx).- Organizaciones y colectivos de la sociedad civil hicieron un llamado al Congreso de la Unión para que la discusión de las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Lgeepa) se desarrolle mediante un Parlamento Abierto amplio, plural, informado y sustantivo.
Las agrupaciones señalaron que la Lgeepa es la ley marco del sistema jurídico ambiental mexicano y uno de los principales instrumentos para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano. Sus disposiciones tienen impacto en la protección de ecosistemas y biodiversidad, el ordenamiento territorial, la prevención y control de la contaminación, la evaluación ambiental y la participación social.
Reconocieron que actualizar este marco jurídico es necesario ante los nuevos desafíos ambientales que enfrenta México y los avances registrados en materia de derecho ambiental internacional. Sin embargo, advirtieron que una reforma de esta magnitud no debe estar condicionada por la prisa legislativa.
Como antecedente, recordaron que la reforma de 1996 requirió alrededor de 18 meses de discusión y construcción, proceso que permitió incorporar distintas perspectivas y fortalecer el marco jurídico. A tres décadas de distancia, consideraron que existe una nueva oportunidad para construir colectivamente una legislación ambiental acorde con las necesidades actuales del país.
Los colectivos aclararon que su petición no busca frenar la reforma, sino contribuir a que se realice de manera adecuada. Para ello, plantearon escuchar a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, especialistas, académicos, organizaciones civiles, sectores productivos y autoridades responsables de aplicar la legislación.
aportaciones recibidas
Entre sus propuestas se encuentra realizar mesas de trabajo temáticas y espacios de deliberación, además de publicar oportunamente las iniciativas, diagnósticos, estudios y propuestas de modificación. También solicitaron transparencia sobre las aportaciones recibidas y que se informe cuáles fueron incorporadas al proceso legislativo y por qué otras fueron descartadas.
Las organizaciones consideraron que el proceso debe tener como principio rector el fortalecimiento de la protección ambiental y de los derechos humanos, bajo el criterio de progresividad. Asimismo, pidieron evaluar los posibles efectos ambientales, sociales, económicos y territoriales de cualquier modificación.
Finalmente, sostuvieron que la reforma establecerá las reglas con las que México protegerá su patrimonio natural y garantizará el derecho a un medio ambiente sano durante las próximas décadas. Por ello, exhortaron a los legisladores a privilegiar el diálogo, el conocimiento y la participación social para construir una legislación moderna, sólida y legítima.
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