Chetumal, 26 de octubre (Galu Comunicación).– Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado, insistió en que seguirán con la política de perseguir a los grupos de la delincuencia organizada dedicada al despojo de tierras, práctica que a lo largo de los años se ha dado como algo común.
El funcionario enfatizó que se busca dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra, a fin de acabar a diversas organizaciones criminales que de manera profesional se dedican a esa actividad.
Entrevistado por Radio Fórmula, indicó que esos grupos delictivos recurren al uso de la violencia, documentos falsos, simulación de actos jurídicos, usurpación de identidad y mediante corrupción logran utilizar a las instituciones con la participación de servidores públicos corruptos.
“Muchas veces lo que empieza como una falsedad acaba como una verdad legal y a eso se le llama fraude procesal”, precisó.
“La Fiscalía está muy atenta a eso y dentro de sus facultades lo que hace es la conservación del bien inmueble hasta que un juez determine la procedencia legitima y garantice el daño a la víctima”, abundó.
El Mtro. Montes de Oca dijo que están por concretar un convenio con la iniciativa privada, asociaciones civiles, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Quintana Roo, además del Registro Público de la Propiedad, Tribunal Judicial del Estado y la Secretaría de Trabajo, entre otros, para dar mayor transparencia a la labor de la Fiscalía.
“Cada vez que estos grupos delictivos se ven afectados en sus actos ilícitos se dedican atacar a las autoridades mediante calumnias y desprestigio, pero la Fiscalía está preparada y fortalecida con la sociedad civil para darle transparencia a todas sus actividades”, indicó.
Al dar a conocer el balance de la semana, comentó que hubo 105 detenidos, de los cuales 22 fueron por robo y 22 por narcomenudeo, con 23 vinculados por violación y cuatro por homicidio. Hubo 30 órdenes de aprehensión, siendo 15 complementadas y cuatro cateos.
El Fiscal General abundó que se dieron dos sentencias condenatorias, una de 25 años por violación.
“La Fiscalía y el gobierno del Estado han establecido muchas medidas de prevención y mecanismos de justicia hacia las mujeres. Por ello, estamos muy pendiente de cualquier acto registrado que atente contra la dignidad e integridad física de ellas y proceder contra aquel que cometa el delito”, indicó.
