Chetumal, 17 de septiembre (Galu Comunicación).— La salud mental es un tema tabú y desatendido en Quintana Roo, donde aproximadamente 4 mil 500 personas requieren atención para no derivar en mayores males, incluso el suicidio, señaló el diputado Edgar Gasca Arceo.
El legislador morenista manifestó que fue por eso que, junto con otras tres diputadas, integrantes de la Comisión de Salud, propusieron al Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Salud Mental, en la que solicitan que, del presupuesto que recibe el sector, se asigne un cinco por ciento al área mental.
La Organización Mundial de la Salud, dijo, recomienda asignar entre el cinco y 10 por ciento a salud mental, pero en el país únicamente se otorga el dos, y de esa cantidad el 80 por ciento va a manutención de los hospitales psiquiátricos, aseguró.
“El 20 por ciento de ese dos se destina a prevención y rehabilitación, lo cual es grave, pues al referirnos a salud mental se habla de esquizofrenia, ansiedad y depresión, que se deben atender adecuadamente para no llevar a problemas como el suicidio”, dijo.
Aunque se carece de cifras oficiales, pues en Quintana Roo apenas hay dos “unidades” de especialidad mental, se calcula que cada año unas 4 mil 500 personas requieren esos servicios, mismos que no están debidamente garantizados, por lo que resulta necesario legislar en la materia.
“En el Estado, ya sea por ser un tema tabú o por ignorancia, muchas veces no se logra detectar a tiempo cuándo un adolescente padece una enfermedad mental”, indicó, y señaló que previo a la presentación de esta iniciativa participaron en mesas de análisis con especialistas, autoridades sanitarias y organizaciones de la sociedad civil para enriquecer la propuesta.
En entrevista para el noticiero matutino de Radio Fórmula, insistió en que es necesario legislar, pues no hay algo presupuestado, debido a que sólo están las dos “unidades” de especialidad mental, en Chetumal y Cancún, que dependen de un presupuesto federal.
El legislador manifestó que con esa iniciativa se pretende definir las responsabilidades, funciones y obligaciones tanto de la autoridad sanitaria como de los involucrados cuando se tiene a una persona con un trastorno de salud en la familia.
