Greenpeace detecta contaminación en 17 pozos y cenotes de Yucatán; comunidades mayas exigen acciones
Mérida, Yucatán, 22 de octubre (InZoomMX).- La contaminación del agua subterránea y los presuntos impactos ambientales de la actividad porcícola mantienen en alerta a comunidades mayas de Yucatán, que junto con Greenpeace México demandaron acciones concretas de las autoridades federales y estatales para investigar los daños, aplicar sanciones y garantizar la protección del acuífero.
La exigencia se produce a un año de la denuncia popular presentada por la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’oné Ja’o’on, mientras un nuevo estudio de calidad del agua, realizado por Greenpeace en agosto de 2026, documentó indicadores de contaminación en 17 sitios de muestreo, entre pozos y cenotes de siete localidades de la entidad.
Las muestras fueron recolectadas en Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz. Los análisis de laboratorio identificaron presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal, concentraciones elevadas de nutrientes y materia orgánica, así como otros parámetros que, en conjunto, evidencian una importante carga contaminante en determinados puntos.
Coliformes y nitratos, entre los principales hallazgos
De acuerdo con el informe de Greenpeace México, 16 de las 17 muestras alcanzaron el límite superior de medición para coliformes totales, mientras que 13 registraron concentraciones superiores a mil 800 NMP por cada 100 mililitros de coliformes fecales. Además, cuatro muestras llegaron al límite superior de medición para enterococos fecales.
El estudio también detectó nitratos en la mayoría de las muestras. En dos casos, correspondientes a Motul y Chocholá, las concentraciones superaron la referencia de 50 miligramos por litro señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Otros parámetros, como la demanda química de oxígeno, el fósforo y los sólidos suspendidos, presentaron valores elevados en distintos puntos de muestreo.
Aunque estos resultados son compatibles con contaminación fecal de origen animal, el estudio de Greenpeace advierte que su metodología no permitió determinar con certeza la procedencia de los residuos detectados.
Sin embargo, la Red To’oné Ja’o’on sostiene que investigaciones realizadas en 2024 y 2026 en cinco puntos de Mérida, Izamal, Kinchil, Chapab y Maxcanú identificaron materia fecal porcina mediante el método Pig2Bac, con análisis efectuados en laboratorios de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La organización considera que ambos conjuntos de resultados refuerzan la necesidad de ampliar el monitoreo e investigar las fuentes específicas de contaminación, sin dejar de atender las denuncias previamente presentadas contra instalaciones porcícolas.
Un acuífero vulnerable a los contaminantes
La preocupación se relaciona con las características geológicas de la Península de Yucatán, donde el abastecimiento de agua depende principalmente de fuentes subterráneas.
El suelo kárstico, formado por roca caliza porosa y conectado mediante cenotes, cuevas y corrientes subterráneas, facilita la infiltración de sustancias contaminantes desde la superficie hacia el acuífero.
Ante este escenario, Greenpeace y las comunidades mayas consideran prioritario reforzar la vigilancia ambiental y la aplicación de la normativa. Entre las autoridades señaladas se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Denuncian procedimientos pendientes contra granjas porcícolas
La Red To’oné Ja’o’on afirmó que, pese al tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia popular, continúan pendientes resultados de procedimientos administrativos, inspecciones, sanciones y medidas para reparar los daños ambientales denunciados.
Entre los casos mencionados figuran las granjas GARY 5 y 6, ubicadas en Chocholá; MOBA, en San Fernando, municipio de Maxcanú; y los complejos Kekén 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en las inmediaciones de Kinchil y Celestún.
Según la organización, algunos de estos expedientes cuentan con antecedentes de inspecciones, irregularidades detectadas, multas y clausuras temporales. También reportó que la Profepa realizó nuevas inspecciones a instalaciones de GARY y MOBA en junio de 2026, cuyos resultados todavía no se habían hecho públicos al momento de difundirse el posicionamiento.
Para las comunidades, la existencia de expedientes administrativos no basta si no se traduce en medidas efectivas para evitar nuevas afectaciones, proteger las fuentes de abastecimiento y garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas involucradas.
Cuestionan acuerdos sin participación de las comunidades
Otro de los puntos de inconformidad es el convenio de coordinación suscrito entre los gobiernos federal y estatal para fortalecer la evaluación del impacto ambiental de las unidades de producción porcícola.
La Red sostiene que el acuerdo se adoptó sin la participación de los pueblos afectados y que contempla trasladar al Gobierno de Yucatán atribuciones relacionadas con la autorización y el monitoreo de estas instalaciones.
Ante ello, promovió un juicio de amparo. De acuerdo con la información difundida por la organización, la jueza tercera de Distrito en Yucatán concedió una suspensión definitiva.
La Red cuestionó que la Profepa haya sostenido reuniones con representantes empresariales del sector y autoridades estatales sin incorporar a las comunidades que han denunciado afectaciones en sus territorios.
Alertan por posible traslado de operaciones hacia la zona de Cuxtal
A las denuncias acumuladas se suma la situación de la granja porcícola Santa María, también identificada como San Gerardo, en Santa María Chí, cuyo cierre dejó pendiente, según la Red, la evaluación del daño ambiental y la definición de medidas para su reparación integral.
La organización también señaló que, en septiembre de 2026, se reportó el traslado de miles de cerdos a instalaciones en las zonas de Tebacal y San Antonio Tzacalá, a aproximadamente 15 kilómetros de Molas, presuntamente vinculadas con la misma empresa que operaba la granja clausurada.
Este movimiento genera preocupación por sus posibles repercusiones en las comunidades cercanas y en la Reserva Ecológica Cuxtal, donde se localiza Molas y que constituye una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Mérida.
Por ello, la Red pidió esclarecer el traslado de los animales y las operaciones relacionadas, verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y hacer públicos los resultados de las inspecciones, con participación de las comunidades potencialmente afectadas.
También reclamó que se determine el alcance de los daños en Santa María Chí y se establezcan medidas de restauración y garantías para evitar que la contaminación vuelva a ocurrir.
La problemática llega al ámbito internacional
Las preocupaciones por los efectos de las actividades agroindustriales en el agua, la salud y el medio ambiente también han sido planteadas en instancias internacionales.
Durante su visita a México en marzo de 2026, Marcos Orellana, entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, recorrió distintas localidades y abordó estos riesgos en su informe final presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Entre los factores señalados figuran la proximidad de instalaciones industriales a comunidades indígenas, el manejo de grandes volúmenes de excretas y aguas residuales, y la vulnerabilidad de los sistemas de agua subterránea de la Península.
La Red recordó que las comunidades mayas y organizaciones civiles han impulsado desde 2024 una declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental para la región. Greenpeace, por su parte, plantea reforzar la vigilancia, proteger los derechos de los pueblos indígenas y establecer una moratoria a nuevas instalaciones y ampliaciones de la producción ganadera industrial en la península.
Exigen monitoreo, sanciones y reparación del daño
Entre las principales demandas de la Red To’oné Ja’o’on se encuentran la publicación de los resultados de las inspecciones ambientales y de los procedimientos administrativos iniciados durante 2025 y 2026, así como la aplicación de las sanciones que correspondan y la clausura de instalaciones cuando lo determine la normativa.
También pidió establecer un programa independiente, periódico y participativo para evaluar la calidad del agua en pozos, cenotes y otras fuentes de abastecimiento, además de investigar la mortandad de peces reportada en una laguna entre Kinchil y Maxcanú.
La organización solicitó información verificable sobre el traslado de cerdos hacia las zonas cercanas a Molas y la Reserva Ecológica Cuxtal, así como la reparación integral del daño ambiental en Santa María Chí.
Finalmente, insistió en que las autoridades garanticen el derecho de los pueblos mayas al agua limpia, a un medio ambiente sano, al acceso a la información y a participar en las decisiones que puedan afectar sus territorios.
A un año de la denuncia, la Red To’oné Ja’o’on y Greenpeace México sostienen que los resultados del monitoreo refuerzan la urgencia de contar con investigaciones rigurosas, información pública y acciones coordinadas para proteger el acuífero.
Para las comunidades, la exigencia central es que las denuncias se traduzcan en resultados verificables, medidas preventivas y reparación de los daños ambientales.
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