Fiscalía quintanarroense logra más de 10 aprehensiones de borgistas tras detener a Mendicutti
Cancún, 22 enero (Infoqroo).- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Combate a la Corruppción (FCC) ha logrado poco más de 10 aprehensiones de personas involucradas con ilícitos en la pasada administración estatal encabezada por Roberto Borge Angulo, todas ellas reuniendo las condiciones y elementos de probanza que permitieron la acreditación de esas anomalías ante los juzgados correspondientes, informó Miguel Ángel Pech Cen.
En entrevista, el funcionario estatal señaló que tras la detención, el sábado, del ex secretario General de Gobierno, Gabriel Mendicutti Loría, la dependencia que encabeza rebasó la cifra de 10 ex funcionarios “borgistas” sometidos a debido proceso.
Añadió que, en su caso, el también ex alcalde de Solidaridad (Playa del Carmen) pudo ser aprehendido al contar con todas las circunstancias y condiciones que así lo permitieron.
Sin embargo, lamentó que hoy día, en estos procesos cualquier juez federal otorga las suspensiones hasta con el pago de 10 mil pesos, pese a que el daño patrimonial puede resultar mucho mayor, como lo es en el caso de Mendicutti Loría, a quien se le detectó y comprobó un faltante de 534 millones de pesos.
Empero, prosiguió, en este caso hubo la posibilidad y a FCC ejecutó la orden de aprehensión tras verificar que hubo negación de amparos.
Mendicutti Loría, prosiguió, fue remitido inmediatamente al penal de Chetumal y puesto a disposición del juez, aunque su defensa pidió la suspensión de la audiencia inicial por 20 horas, lo cual le fue concedido.
“A veces no hay las condiciones necesarias para ejecutar una orden de aprehensión, pero el sábado sí se dieron; en ningún momento, ni nosotros, ni el juez de control tenían elementos para impedir su puesta a disposición”, indicó.
El fiscal se dijo respetuoso de la justicia federal, pero al mismo tiempo aceptó que no comparte sus criterios, y en este sentido calificó como “ridículas” las cantidades “no le puedo llamar de otra forma”, que permiten la suspensión de los procesos contra personas que infringieron la ley y causaron detrimento al patrimonio público.
Esto, precisó, se da principalmente con los jueces de la Ciudad de México que desconocen los antecedentes del caso y de las personas imputadas.
Nosotros, concluyó Pech Cen, no negamos los derechos de cualquier mexicano de solicitar juicios de amparo, pero lo que cuestionamos son las cantidades que les son fijadas y que les favorecen sin permitir el resarcimiento del daño que causaron al patrimonio público.
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