Firman acuerdo para que comerciantes no sufran de abusos en materia fiscal
Cancún, 6 de marzo, (Infoqroo).- El comercio organizado de Cancún firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) para orientar a sus afiliados y evitar abusos de parte de la autoridad, que paralizan la operación de las empresas.
Con este acuerdo, que se concretó con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Cancún, busca orientar a sus afiliados para evitar abusos de parte de la autoridad federal, que de manera ilegal continúa inmovilizando las cuentas de las empresas en un afán de cubrir sus metas mensuales.
El documento lo firmaron Cristina González Ramírez, delegada de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) y Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y permitirá otorgar mayor protección al empresariado, principalmente ante instancias como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y los Institutos del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La funcionaria federal precisó que la idea es defender a los comerciantes de malas acciones, sobre todo porque muchas veces la autoridad federal ordena la inmovilización de cuentas bancarias, cancelación de sello digital, cédulas de liquidación, créditos fiscales, entre otras, afectando severamente al empresario y muchas veces sin motivo real.
Según dijo, “continuamente” en Quintana Roo hay quejas y solicitudes de apoyo de los empresarios que día a día enfrentan problemáticas ante actos de autoridades fiscales federales.
González Ramírez comentó que los casos que más atienden tienen que ver con servicios de orientación y asesoría al contribuyente, quejas y reclamaciones, servicios de representación legal y tramites de acuerdos conclusivos, procedimientos alternativos del contribuyente.
Destacó que esta situación es preocupante si se toma en cuenta que al mes ya se atienden hasta 200 casos.
“La inmovilización de cuentas se generado por las tres instancias federales, tanto IMSS, como SAT e INFONAVIT, una acción recurrente que ellos utilizan para hacer cobros de créditos fiscales, pero que no siempre tienen el sustento y afectan la economía de los empresarios, porque son procesos que tardan en resolverse de tres a seis meses”, detalló.
Puntualizó que en este casos, la Procuraduría interviene y resuelve la situación en aproximadamente un mes, en promedio.
Además, subrayó que la PRODECON no puede aplicar ningún tipo de sanción, puesto que no tienen autoridad para aplicarlas, pero sí logran la liberación de cuentas o resolución de lo que pide el empresario.
Por su parte, el presidente de la Canaco, Rafael Ortega Ramírez, reconoció que las instancias federales los dejaron en total indefensión, de allí la importancia de que PRODECON intervenga.
“Las instancias federales muchas veces actúan sin criterio e incluso por falta de información, en casos ya concluidos, pero que al no indagar hacen un cobro extra”, precisó.
En ese sentido, y en el marco de la firma del acuerdo, el director jurídico de la Canaco local, Daniel González, denunció que este tipo de medidas paralizan la operación de las empresas y afecta también el pago de la nómina de sus trabajadores en perjuicio de sus familias.
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