Empresarios buscan prórroga para cobro a cruceristas y evitar impacto en el turismo
Cancún, 5 de diciembre (InZoom.mx).- La iniciativa aprobada para eliminar la exención del Derecho de No Residente (DNR), que implica un cobro de $42 dólares a cruceristas, ha encendido las alarmas entre empresarios de Quintana Roo.
Según Sergio León, representante de Empresarios por Quintana Roo, la industria de cruceros es vital para la economía del estado, representando un 40% del Producto Interno Bruto (PIB) generado en la entidad.
El dirigente destacó que esta medida, aprobada en el Senado y la Cámara de Diputados, podría comenzar a aplicarse a partir del 1 de enero de 2025, aunque diversas iniciativas buscan postergar su implementación por 180 días o hasta 2026.
“La industria de cruceros aporta más de 10 millones de turistas a México, de los cuales 5 millones llegan a Quintana Roo a través de Cozumel y Mahahual. Perder esta industria sería catastrófico,” subrayó.
El empresario enfatizó que el turismo de cruceros genera 20 mil empleos directos en la región y representa una derrama económica de más de 200 mil dólares semanales en salarios. Además, destacó que las líneas de cruceros han sido clave en apoyar la reconstrucción de destinos como Acapulco tras desastres naturales.
Desventaja a los puertos quintanarroenses
Sin embargo, el nuevo cobro podría poner en desventaja a los puertos quintanarroenses frente a otros destinos del Caribe, donde los costos operativos son hasta un 213% más bajos.
“Esto podría provocar que los cruceristas elijan otras rutas, afectando severamente nuestra competitividad,” alertó León.
Entre las alternativas propuestas está la exención para los turistas que ya pagaron su paquete de crucero, permitiendo que la medida no afecte a quienes contrataron servicios antes de su aprobación. Asimismo, resaltó la importancia de negociar con el Ejecutivo federal y los legisladores para lograr una prórroga en la implementación del cobro, con el objetivo de proteger el mercado de cruceros.
“Es crucial garantizar que esta industria, que es un pilar económico para Quintana Roo, siga su curso de manera normal,” comentó León, añadiendo que se mantienen reuniones con autoridades y representantes de las líneas de cruceros para encontrar una solución que beneficie a todas las partes.
El destino final de esta medida ahora recae en manos del gobierno federal y los legisladores. Mientras tanto, empresarios y actores del sector turístico reiteran su llamado para preservar el flujo de cruceristas hacia el estado y evitar que esta iniciativa afecte la economía de miles de familias quintanarroenses.
“Confíamos en que las autoridades tomarán en cuenta el impacto de esta medida y priorizarán el bienestar de una industria que ha sido clave para el desarrollo económico del estado,” concluyó León.
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