Cancún, 13 de diciembre (Infoqroo).- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Óscar Montes de Oca Rosales, informó esta noche que ejercitó acción penal en contra de 11 mandos y elementos policíacos, por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y robo investigados en la carpeta de investigación pertinente, por hechos suscitados el pasado 9 de noviembre en las instalaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez.
En esos hechos grupos feministas y simpatizantes se manifestaron y vandalizaron instalaciones públicas, en protesta por un feminicidio en esta ciudad.
Efectivos policiacos reaccionaron disparando a los asistentes.
En el expediente están relacionados, en su calidad de víctimas, dos periodistas de Quintana Roo, quienes resultaron lesionados por arma de fuego, así como ocho personas más con heridas en diferentes partes del cuerpo (a una de ellas le sustrajeron sus pertenencias), quienes participaban en la manifestación en la Plaza de la Reforma, ubicada frente al Palacio Municipal.
En un video mensaje, el titular de la Fiscalía, Óscar Montes de Oca Rosales, precisó que de la investigación se desprendió que participaron al menos 78 policías municipales, según reportes oficiales, divididos en cuatro grupos, cuyo objetivo era la protección y contención a las instalaciones.
Añadió que la representación social, hasta este momento, ha practicado diversos actos de investigación, entre ellos 10 entrevistas a las víctimas, a quienes otorgaron medidas de protección, fueron entrevistados 78 elementos policiacos.
Asimismo, fueron practicados 89 dictámenes periciales de diversas especialidades, entre ellos en materia de medicina, de balística, de psicología, de valuación, de química, de análisis de videograbaciones, de identificación y fueron revisadas 60 armas de fuego, continuándose con el análisis del total de armas que ampara la licencia colectiva para la confronta con un elemento balístico encontrado en el cuerpo de una de las víctimas.
Además, se envió un desglose a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República y otro desglose a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la FGE Quintana Roo, por lo que hace a probables hechos relacionados con delitos sexuales.
También se dio intervención a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
De momento, dijo que la FGE concluyó que nueve mandos de la Policía Municipal incumplieron con su deber de cuidado al no salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, lo que era su responsabilidad en términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.
Igualmente, pusieron en riesgo a los asistentes de dicha manifestación al permitir que personal bajo su mando acudiera al lugar de los hechos con armas de fuego, no evitando el empleo ilícito de la fuerza al ser utilizadas las armas de fuego de manera innecesaria e injustificada, contraviniendo la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública.
El funcionario añadió que los ahora indiciados también fueron omisos en ordenar la detención de aquellos elementos de la policía que accionaron sus armas de fuego, en contra de los ahora lesionados.
Finalmente, anunció que también formulará imputación en contra de los mismos mandos, por permitir la alteración de la escena de los hechos y la destrucción y desaparición de elementos probatorios.
Por lo anterior, subrayó que la FGE ejercitó acción penal en contra de 11 personas servidoras públicas, entre ellas nueve mandos y dos elementos policíacos, quienes al momento de los hechos, desempeñaban el cargo de Secretario, Subsecretario, Director, tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos, todos ellos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal.
Adelantó que en los próximos días habrá una audiencia inicial ante un Juez de Control, para formular la imputación correspondiente y la imposición de medidas cautelares y que la representación social continuará con la investigación por diversos hechos señalados como delito por la ley en contra de otros servidores públicos que probablemente participaron en los sucesos.
