Diputada considera que la Secretaría estatal de Turismo actúa con tibieza para enfrentar los fraudes en los tiempos compartidos
Playa del Carmen, 23 de octubre, (Infoqroo).- Ante la pérdida de 5 mil millones de pesos anuales por delitos cibernéticos en Quintana Roo, la diputada local Sonia López Cardiel cuestionó a la titular de Turismo estatal, Marisol Vanegas, las acciones encaminadas a enfrentar a las empresas fraudulentas que operan en el sector de tiempos compartidos, “que le mienten al turista, dañando la imagen y la calidad de los servicios que ofrece nuestro estado”.
La representante del Distrito X en el Congreso de Quintana Roo señaló que los tiempos compartidos están incluidos en el 52% del turismo repetitivo, uno de los segmentos con gran impacto, es un área de mercado que influye mucho, y es ahí donde existe una gran cantidad de quejas, porque el servicio que se oferta resulta ‘pirata’ y una completa estafa.
“Hablo principalmente del caso de Playa del Carmen; es preocupante, porque los hoteles invierten en calidad, en servicio, pero hay empresas ‘pirata’ que se establecen y generan un hoyo en el sector, que se está saliendo de control”, agregó.
En su intervención, la titular de Sedetur confirmó que ya hay una denuncia contra este tipo de delito cibernético, un fraude que generalmente ocurre por tratar el turista con intermediarios; por ello, la funcionaria sugirió que las compras se realicen con empresas que estén certificadas, a través de la asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvac) o la Asociación de Turismo Responsable (Acotur).
“Este es el mejor control que tenemos para evitar la venta fraudulenta. En este sentido vamos a apoyarlos en la campaña para que los turistas conozcan cuáles son las empresas certificadas”, expresó.
La secretaría aclaró que los tiempos compartidos, no están incluidos en la ley de turismo, por lo que su intervención es tangencial, y todo queda en manos de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco).
La legisladora Sonia López relató cómo, en el caso específico de Solidaridad, en el fraccionamiento residencial Playacar, gente desconocida abre oficinas, monta una empresa, empiezan a vender, tienen todo, cobran con tarjeta de crédito, y simplemente se van, cierran la oficina, ‘bajan’ el sitio web, el call center deja de funcionar.
“Hay un fraude bastante grave y las autoridades no hacen nada”, subrayó
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