Detienen a ex funcionaria y avanza proceso judicial en contra de ex colaborador de Roberto Borge
Chetumal, 28 de noviembre, (Infoqroo).- Los procesos legales contra funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo continúan y esta mañana se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado realizó imputación en contra de Roosevelt “N”, por el delito de ejercicio indebido de la función pública, mientras que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ana “N”, ex funcionaria de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por el delito de peculado.
En ese sentido, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado realizó imputación en contra de Roosevelt “N”, dentro de la Carpeta Administrativa 151/2017 por el delito de ejercicio indebido de la función pública.
Asimismo, se dio a con conocer que la defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el juez determinó suspender la audiencia y reanudarla el próximo dos de diciembre a las 19:00 horas.
Roosevelt “N” permanece en prisión preventiva hasta la reanudación de la audiencia.
Además, se dio a conocer que El Juez de Control determinó, luego de un debate entre la Fiscalía y la defensa del imputado que duró más de cuatro horas, el embargo de tres propiedades ubicadas en los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel y en la carretera que comunica a Tulum con Playa del Carmen.
También se embargó un vehículo Tsuru modelo 2009 y una camioneta Traverse 2017.
Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ana “N” por el delito de peculado dentro de la Carpeta Administrativa 308/2017.
Según se informó, después de su detención, la mujer fue trasladada a la base de la institución para su certificación médica y posteriormente entregada al Juez de Control, en el interior del Centro de Reinserción Social de Chetumal.
La dependencia estatal precisó que los hechos que derivaron la carpeta administrativa fueron cometidos en agravio de la Administración Pública Estatal.
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