Defiende COPARMEX Cancún Sistema anticorrupción
Cancún, 31 de mayo, (Infoqroo).- El 18 de julio es el día en que debe comenzar a operar en todo el país del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, aún hay algunas entidades cuyos Congresos no han aprobado la ley local, por lo que es urgente que activen las piezas de este nuevo mecanismo en contra de la corrupción e impunidad, destacó Adrián López Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
En ese sentido, resaltó que uno de los elementos prioritarios es que no permitan que en la integración de los comités, se incluyan a personas asignadas por los propios gobiernos o partidos políticos, pues perdería el objetivo fundamental.
“Por ningún motivo vamos a aceptar que los ciudadanos que estarán al frente de los comités de participación ciudadana y los comités coordinadores de cada sistema local anticorrupción sean nombrados por gobernadores o resultado del reparto de cuotas partidistas”, externó.
En conferencia de prensa, recordó que este sistema implica un cambio en el Modelo y estándares de actuación de los actores políticos, pasando de una forma de hacer política pública de manera cerrada, en función de intereses partidistas, a otra abierta en la que la sociedad civil es la actora y no sólo observadora.
Por otra parte, externó la necesidad de que los comités de participación ciudadana sean nombrados por un comité de selección ciudadano, como se hizo en el ámbito federal y no por los congresos estatales.
Además, mencionó que existen pendientes de relevancia como: la aprobación de la fiscalía general de la nación y de la fiscalía especializada en delitos de corrupción; subsanar los defectos y carencias en las reformas constitucionales y en las leyes de los sistemas locales en los estados; la ratificación de 18 magistrados del tribunal de justicia; y que los 13 estados pendientes aprueben su ley local anticorrupción, entre otros.
“Debemos atacar una de las causas estructurales de la corrupción a escala federal y estatal: la relación de conflicto de interés que hay entre el ejecutivo y las entidades encargadas de fiscalizar su ejercicio, así como las entidades que investigan y sancionan actos de corrupción en todos los órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión”, finalizó.
