Consideran de gran relevancia recomendación de Derechos Humanos sobre Tajamar
Chetumal, 15 de diciembre, (Infoqroo).-La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo reconoció ampliamente la recomendación 67/2017 firmada por Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto del caso Tajamar por violaciones a los derechos humanos de medio ambiente sano, seguridad jurídica y principio de legalidad, por la remoción de manglar para el desarrollo “Malecón Cancún”.
En esa recomendación se detalla que el 10 de agosto de 2015, esta Comisión Nacional, por razón de competencia, recibió el escrito de queja que interpuso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo, en el que manifestó que el 30 de julio del mismo año se llevó a cabo la remoción de diversas especies de flora protegidas por la normatividad ambiental, como manglares y palma chit, y la consecuente devastación del hábitat de fauna en el área del Proyecto Tajamar.
A dicho expediente se acumularon otros escritos de quejas, en razón de denunciar los mismos hechos y autoridades similares.
Luego de las evidencias y el análisis del marco normativo local y federal, la CNDH concluyó que diversos servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), y del Ayuntamiento de Benito Juárez, incurrieron en actos y omisiones violatorias a los derechos humanos.
Especialmente la indebida fundamentación y motivación en las autorizaciones emitidas para el desarrollo de proyectos que implican la perturbación o pérdida de ecosistemas protegidos demuestra, por parte de las autoridades recomendadas, la omisión de medidas eficaces para garantizar el desarrollo sostenible y la resiliencia, combatir los efectos del cambio climático, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
El ombudsman del estado, Harley Sosa Guillén destacó que esta recomendación es un gran precedente para nuestra entidad, en especial por los proyectos turísticos que se pretendan erigir en lo futuro, ya que ha quedado de manifiesto la importancia de que las autoridades observen y actúen en todo momento no afectar el Derecho al Medio Ambiente Sano de las personas que habitan en una comunidad.
A juicio del presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos, uno de los puntos más importantes de la recomendación es la que se le dirige a la SEMARNAT, pues deberá rastrear e identificar resoluciones vigentes de los últimos cinco años en Quintana Roo, que aprueben o prorroguen autorizaciones de impacto ambiental y/o cambio de uso de suelo, y de haber sido otorgadas sin acatar la normatividad vigente, promover juicios de lesividad, para que la autoridad correspondiente determine sobre su modificación o nulidad.
Asimismo expresó que en lo general, esa recomendación es pertinente para que en Quintana Roo las empresas y autoridades planeen un desarrollo sustentable y con seguridad jurídica.
Sosa Guillén celebró está determinación al tiempo que expuso que este organismo local tuvo diversos acercamientos con la CNDH para darle seguimiento al caso que ha generado gran interés de la población y defensores del medio ambiente.
De igual forma, detalló que por parte de la CDHEQROO también en su momento se emitieron dos medidas cautelares en este caso. La primera del 6 de agosto de 2015, recién iniciada la primera queja, y que estuvo dirigida a la Secretaria Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez, a fin de que el personal correspondiente realizara una inspección en el lugar de los hechos y garantizaran que la empresa privada contara con la documentación debida para los trabajos de construcción; y que en caso de que se dieran hechos probablemente constitutivos de delito ambiental, se diera vista a la PROFEPA para iniciar el procedimiento respectivo.
La segunda medida cautelar de enero de 2016 se giró a fin de que la integridad de las personas que se encontraban manifestando en aquel entonces, específicamente por el asunto de Tajamar, quede resguardada por la autoridad municipal.
