Mahahual, 19 de julio (Infoqroo).- La Fiscalía General del estado, logró vincular a proceso penal a Guillermina “C” y Nazle “C” por el delito de despojo de casi 14 mil metros cuadrados de predios ubicados en el corredor Costa Maya Punto Herrero-Xcalak propiedad de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
En un comunicado, se informó que, Fiscales del Ministerio Público adscritos a la agencia de Mahahual incorporaron datos de prueba de su probable participación en la comisión de dicho delito cometido en el sur de la entidad y que permanecerán en prisión preventiva justificada durante el proceso penal.
Asimismo, se indicó que fiscales del Ministerio Público adscritos a la agencia de Mahahual, obtuvieron de un juez de control la vinculación a proceso por el caso relacionado con la carpeta administrativa 517/2022.
De igual manera, la dependencia refiere que en coordinación con peritos especializados de Servicios Periciales de la FGE Quintana Roo, se realizaron los actos de investigación correspondientes y derivado de ello lograron demostrar que Guillermina “C” y Nazle “C” ahora detenidas, probablemente participaron en el desmonte, lotificación y construcción de estructuras en predios -de manera ilegal- en el Corredor Costa Maya Punta Herrero-Xcalak, en el municipio de Othón P Blanco.
Las hoy imputadas, -quienes actuaban como dirigentes de grupos invasores de predios-, fueron detenidas por agentes de la policía de investigación en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un juez de control en calles de la comunidad Xcalak, al sur de la entidad.
En la información que se proporcionó, las autoridades revelaron que tras un intenso debate de la audiencia virtual de continuación de formulación de imputación y vinculación a proceso por parte de los fiscales de la agencia de Mahahual y de acuerdo con los datos de prueba aportados a la carpeta de investigación, el personal de la FGE Quintana Roo consiguió que un juez de control dictara la vinculación a proceso para Guillermina “C” y Nazle “C” y se ordenó como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
También se decretó un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.
