Aprobadas en su totalidad, bases del Sistema Estatal Anticorrupción en Quintana Roo
Chetumal, 14 de julio, (Infoqroo).- La XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó en su totalidad, en tiempo y forma, las reformas para la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción con lo que se da cumplimiento legal al ordenamiento federal que exigía concluir estas reformas antes del 18 de julio y que comprenden cambios profundos a diferentes ordenamientos, así como la creación de nuevas leyes con las cuales combatir la corrupción en la entidad.
Durante la realización del cuarto periodo extraordinario de sesiones los legisladores aprobaron por unanimidad nueve reformas, adiciones y derogaciones a diversos ordenamientos con lo que se da cumplimiento al mandato constitucional y, sobre todo, a la demanda ciudadana de combatir la corrupción, para lo cual fueron convocados a participar en la integración de estas propuestas legales que hoy se cristalizan.
En la sesión presidida por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, el pleno del Congreso del Estado aprobó los dictámenes presentados por los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; Hacienda, Presupuesto y Cuenta; y la Comisión de Justicia, quienes se abocaron al análisis y estudio de 19 iniciativas en la materia que concluyeron en nueve dictámenes.
En su intervención, la diputada Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos aseguró que, con la aprobación de este paquete de reformas, se cierra la fase de diseño y se abre la implementación: “se da un importante paso hacia la meta, pero aún no la cruzamos”.
Martínez Simón agregó que el Sistema Estatal Anticorrupción será una herramienta muy poderosa para enfrentar a los poderes fácticos “que por décadas se aprovecharon de la falta de solidez institucional, de los vacíos legales y la falta de voluntad política para perseguir y castigar la corrupción”.
El diputado Raymundo King de la Rosa, coordinador de la bancada del PRI, expresó que el paquete de reformas aprobado se encuentra en plena concordancia con la normatividad federal.
Sin embargo, consideró necesario que la designación de los contralores de los organismos autónomos, debe recaer la Legislatura y no solo en la Diputación Permanente.
A su vez, el Presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila, manifestó que el trabajo de los contralores internos no será el de caerle bien a quienes dirigen los organismos autónomos.
“Su trabajo es ver que se hagan bien las cosas y que se aplique bien el recurso público, los bienes y también fiscalizar, porque ya son responsables y de no hacerlo van a tener que rendir cuentas ante esta Legislatura”, expresó.
El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, coordinador del PVEM, hizo un reconocimiento a los integrantes de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y demás diputados que conforman la mayoría de la XV Legislatura, por escuchar las propuestas del PRI para que estas reformas no puedan ser impugnadas.
La XV Legislatura expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, un ordenamiento que abroga legislación vigente en la materia para incorporar un nuevo marco jurídico en materia de fiscalización.
El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, dijo que una de las principales aportaciones es que se eliminan los principios de anualidad y posteridad.
Así, la fiscalía podrá revisar años anteriores al Ejercicio Fiscal en curso, los que estén bajo la ley actual seguirán su curso hasta que sean agotados.
“También va a entrar la fiscalización en tiempo real, pues los entes obligados tendrán que enviar avances de su gestión cada trimestre. Si en alguno de estos avances se detecta alguna irregularidad, la fiscalía podrá hacer una auditoría completa”, mencionó.
Ramos Hernández precisó que se establecieron requisitos para quien ocupe el puesto de auditor superior, auditores especiales y unidades de vigilancia, para que sean especialistas en auditoría gubernamental y además se especifican mecanismos de remoción de estos funcionarios.
