Aguakan ha entregado unos 400 millones de dólares al gobierno por la concesión
Cancún, 24 de enero (Infoqroo).- Paul Rangel Merkley, director general de Aguakan, ofreció detalles sobre la actual situación legal que enfrenta la empresa en relación con la concesión para prestar servicios en los municipios de Quintana Roo e indicó que la batalla legal se intensificó después de que el Congreso del Estado anuló el decreto que lo ampliaba.
El directivo, entrevistado por Radio Fórmula, explicó que, aunque no se les quitó la concesión, el decreto anula la ampliación que consideran ilegal y que están combatiendo legalmente.
En ese contexto, señaló que el pasado lunes recibieron la suspensión definitiva, lo que les permite seguir operando mientras dure el juicio, restableciendo las condiciones previas al decreto del 22 de diciembre.
Asimismo, resaltó que la ampliación de la concesión comenzó a surtir efecto en 2014 y que han cumplido con todas las condiciones, incluyendo una contraprestación única de alrededor de 100 millones de dólares, la cual fue entregada al gobierno. Además, han pagado entre 250 y 300 millones de dólares en contraprestaciones adicionales desde entonces.
Rangel Merkley abordó las críticas sobre el destino de estos pagos, destacando que Aguakan tiene evidencia de que se pagó al gobierno y que se llevó a cabo un evento relevante en la Bolsa Mexicana de Valores para informar sobre estos pagos.
Subrayó que la empresa siempre actuará dentro del marco legal y puntualizó que las mencionadas cantidades se han entregado al gobierno del Estado por intermedio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
En cuanto a nuevas inversiones, mencionó que están planificando obras de infraestructura, como acueductos y plantas de tratamiento, para garantizar el servicio a largo plazo.
También expresó la importancia de respetar las zonas de amortiguamiento para preservar la calidad del agua.
Ante la incertidumbre legal, Rangel Merkley afirmó que seguirán operando y proporcionando un servicio de calidad, y resaltó que la empresa desea que todo el proceso legal se lleve a cabo dentro del marco legal.
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