Abogado cancunense alerta sobre los riesgos de la prisión preventiva oficiosa
Cancún, 13 de enero (InZoom.Mx).- José Juan Chilón Colorado, presidente del Consejo de Licenciados en Derecho, abordó en una entrevista los alcances y problemáticas de la prisión preventiva oficiosa en México, una figura jurídica que ha generado debate por sus implicaciones en los derechos humanos y su relación con la presunción de inocencia.
La prisión preventiva oficiosa, explicó Chilón Colorado, está contemplada en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este establece que, en ciertos delitos catalogados como graves, un juez puede ordenar la detención de una persona sin necesidad de que se demuestre su culpabilidad, basándose únicamente en la acusación del Ministerio Público. Esta medida tiene como objetivo principal asegurar que el imputado no se sustraiga del proceso penal.
“La prisión preventiva oficiosa no es una condena ni un castigo, sino una medida cautelar diseñada para garantizar que el imputado acuda a juicio”, subrayó el abogado. Sin embargo, señaló que esta disposición ha sido calificada como inconvencional por organismos internacionales en materia de derechos humanos, ya que puede vulnerar la presunción de inocencia al encarcelar a una persona sin probar su responsabilidad en el delito.
Medidas cautelares menos invasivas
En entrevista con el SQCS, detalló que, además de la prisión preventiva, existen otras medidas cautelares menos invasivas, como el uso de brazaletes electrónicos, la retención de pasaportes, la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades o el arraigo domiciliario.
El presidente del Consejo de Licenciados en Derecho expresó su preocupación sobre el riesgo de abusos en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
“Es peligroso que alguien pueda ser encarcelado por una simple acusación, sin pruebas suficientes. Esto puede prestarse a arbitrariedades, como acusaciones falsas o persecuciones motivadas por intereses personales o políticos”, dijo.
Además, criticó la reciente ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que, según él, aumenta el riesgo de que personas inocentes sean privadas de su libertad.
“Esto es particularmente preocupante en un sistema penal que, aunque ha avanzado, sigue teniendo retos en garantizar la justicia de manera eficiente y equitativa”, añadió.
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