Liberan a ex funcionario borgista; Fiscalía anuncia que solicitará nueva medida cautelar en su contra
Chetumal, 18 de enero, (Infoqroo).-Luego de pagar una multa de 10 mil pesos, Erce Barrón Barrera, ex funcionario del gobierno de Roberto Borge Angulo, fue puesto en libertad esta tarde.
Su salida se concretó una vez que el juez Segundo de Distrito, José Díaz de León Cruz, aceptó el amparo en materia penal interpuesto por la defensa.
El ex titular de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) dejó el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Chetumal luego de 51 días de estar preso.
Al salir del penal, apenas alcanzó a decir unas palabras a los medios de comunicación que lo esperaban.
“Doy gracias a mis abogados y a Dios”, expresó.
El ex funcionario fue detenido en noviembre pasado en Tijuana, Baja California, es parte de las acusaciones que hay en contra de ex funcionarios de la pasada administración gubernamental por un quebranto financiero de alrededor de 11 mil millones de pesos y que hasta el momento no se han resarcido totalmente.
Barrón Barrera fue parte del concejo general de la empresa VIP SAESA la cual fue utilizada por la pasada administración para beneficiar a políticos y allegados al ex gobernador Borge Angulo.
El ex funcionario que fue traído a Chetumal, salió acompañado por sus abogados y donde los medios de comunicación lo esperaban para cuestionarlo, limitándose a señalar que estaba agradecido por haber quedado en libertad.
Se mencionó de manera extraoficial que la liberación se trató de validar un amparo que no se respetó por parte de las autoridades legales en el momento de su captura en Tijuana.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que “combatirá legalmente” la resolución en virtud de no compartir el criterio del juez federal que le otorga una suspensión provisional en la cual el Juez Segundo de Distrito de Amparo en materia penal del Primer Circuito, en la ciudad de México, le fijó la multa de diez mil pesos “cuando el “daño patrimonial causado” al Estado de Quintana Roo, asciende a 534 millones de pesos.
La FGE subrayó que a través de la fiscalía especializada en el combate a la corrupción, estará en actitud legal de combatirla de apego a derecho y garantizar la reparación del daño ocasionado con la conducta que se le atribuye al imputado.
La dependencia precisó que el auto de vinculación a proceso que le fuera dictado por el juez de control en el Estado, queda firme y el proceso penal en contra del mismo continua hasta lograr una sentencia correspondiente.
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