Convoca el Congreso a organizaciones, instituciones y empresarios a la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción
Cancún, 16 de julio, (Infoqroo).- Una vez que la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó las reformas para la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, el siguiente paso es darle seguimiento a ese proceso a través de organizaciones, instituciones y empresarios, manifestó el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila.
Sostuvo que la transformación de Quintana Roo no se dará únicamente a partir de la creación de nuevas leyes, sino de un cambio de actitud y un compromiso real como servidores públicos en todos los niveles.
“Después de varias décadas, Quintana Roo se suma a los estados que han logrado una transformación en su marco legal y podido construir, con base en los consensos, nuevas leyes y reformas para dar un paso en la modernización y mejora de las tareas públicas”, añadió.
Subrayó que actualmente la mitad de los Congresos en el país ya homologaron sus leyes para la creación de los Sistemas Estatales Anticorrupción.
Aseveró que es el momento de comenzar a implementar el sistema a fin de que quede listo para su aplicación, sin embargo, sus resultados no dependen solo de los servidores públicos, sino de todos.
Martínez Arcila dijo que en esta tarea es trascendental el acompañamiento de organizaciones, sectores, instituciones, empresarios, observadores y ciudadanos interesados en el combate a la corrupción.
Apenas la semana pasada, la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó las reformas para la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción con lo que se da cumplimiento legal al ordenamiento federal que exigía concluir estas reformas antes del 18 de julio y que comprenden cambios profundos a diferentes ordenamientos, así como la creación de nuevas leyes con las cuales combatir la corrupción en la entidad.
Los legisladores aprobaron por unanimidad nueve reformas, adiciones y derogaciones a diversos ordenamientos con lo que se da cumplimiento al mandato constitucional y, sobre todo, a la demanda ciudadana de combatir la corrupción, para lo cual fueron convocados a participar en la integración de estas propuestas legales.
