Cancún, 18 de octubre (Infoqroo).– A diferencia de la administración anterior, en la que se iniciaron 84 expedientes de responsabilidad contra servidores públicos, la mayoría de las cuales terminó en amonestación, en el primer año del actual gobierno se iniciaron 205 y en el segundo llevamos 235, lo que habla de un avance en el inicio, tramitación y sanciones a funcionarios sujetos a responsabilidades,manifestó Rafael del Pozo Dergal, titular de la Contraloría del Estado.
No todos los expedientes están vinculados con servidores públicos de esta administración, muchos son de investigaciones que se hicieron al inicio, pero ya hay otros por denuncia de funcionarios de este gobierno, manifestó.
Al hablar en el noticiero matutino de Radio Fórmula sobre su reciente comparecencia ante la XV Legislatura, dijo que duró casi tres horas y se trataron muchos temas, correspondientes a compromisos que asumió el año pasado, en su comparecencia, para atender rezagos históricos.
Uno de los temas tiene que ver con el fortalecimiento institucional, el esfuerzo para llenar vacíos institucionales normativos, que se llenaban con órdenes autoritarias.
Por ejemplo, comentó, increíblemente no teníamos un Reglamento de la Ley del Sector Paraestatal del Estado y eso hacía que cada ente descentralizado se moviera por su cuenta, bajo sus propias reglas y que los órganos de gobierno trabajaran totalmente desarticulados, sin orden. Ese documento ya lo tenemos.
También establecieron protocolos de atención para servidores públicos que tienen contacto con particulares que participan en procesos de licitación o de otorgamiento de cualquier contrato, quienes ahora cuentan con guías de integración de expedientes unitarios para obra pública; reglas en materia de integridad; código de conducta y una serie de protocolos y normas que, como primer paso, abonan al fortalecimiento institucional, añadió.
Se triplicó el número de pruebas de calidad para obras públicas. El año pasado hicimos unas mil y este año ya se realizaron 3 mil “in situ”. Es imposible cubrir toda la obra pública, pero triplicamos la capacidad del laboratorio y hoy funciona uno en forma permanente en el norte, otro en el centro y uno más en el sur del Estado, lo que nos ha permitido vigilar con mayor eficiencia la correcta aplicación de los recursos públicos, subrayó.
Por otra lado, reiteró que la Procuraduría General de la República “ha sido laxa, suave”, en el caso de funcionarios de la anterior administración denunciados, pues a pesar del “mundo de documentación e información” presentadas, que en opinión de la Contraloría acreditan fehacientemente delitos cometidos, “termina diciendo que no”.
La PGR es responsable de investigar ese tipo de delitos, conductas vinculadas con el crimen organizado, lavado de dinero, delincuencia organizada y estos casos involucran, incluso, a trasnacionales, empresas fantasmas, bancos fuera del país, triangulación de recursos públicos y ocultamiento de bienes, entre otros, pero no lo coincide con nosotros y “temina diciendo: para mí no es esto, es esto otro”, expresó.
Del Pozo Dergal señaló que cuando tres o más personas se ponen de acuerdo para delinquir, eso se llama delincuencia organizada, y está perfectamente acreditado que aquí se construyó una red con la finalidad de sacar recursos del erario, de distraer recursos públicos.
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