Celulares en aulas exigen algo más que prohibiciones

Cancún, 26 de septiembre (InZoom.Mx).- La discusión sobre la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas no debería reducirse a una prohibición general. Sino partir de las distintas realidades que enfrentan estudiantes, docentes y familias, consideró Óscar Reyes Hernández. Jefe del Departamento de Desarrollo Humano y profesor de Tecnología Educativa de la Universidad del Caribe.

El académico señaló que el uso de dispositivos electrónicos en los espacios educativos es un fenómeno complejo que requiere investigación y diálogo entre los integrantes de la comunidad escolar. Por ello, planteó que antes de establecer reglas generales se debe escuchar a estudiantes, profesores y padres de familia para definir políticas de acceso y utilización de la tecnología.

En entrevista con Radio Fórmula. Reyes Hernández explicó que desde 2020 comenzó a estudiar el comportamiento de los estudiantes frente al teléfono celular. Particularmente a partir de los cambios que provocó la pandemia en los procesos de enseñanza.

Uno de los primeros hallazgos fue la existencia de distintas formas de entender el dispositivo dentro de una misma institución: mientras algunos docentes exigían guardarlo. Otros pedían utilizarlo como herramienta de trabajo.

A partir de esa experiencia. Advirtió que existe una especie de contradicción institucional alrededor de los celulares. Mientras algunos profesores buscan mantenerlos fuera del aula. Otros los incorporan a las actividades académicas. Por lo que los alumnos reciben mensajes diferentes sobre cuándo y cómo deben utilizar la tecnología.

El especialista consideró que esta situación hace necesario establecer políticas claras dentro de las escuelas. En lugar de imponer un modelo uniforme. Propuso construir lineamientos que determinen en qué momentos es necesario desconectarse y cuándo el teléfono puede convertirse en una herramienta útil para el aprendizaje.

En la Universidad del Caribe, explicó, ya se han desarrollado actividades encaminadas a fomentar la desconexión y ofrecer alternativas a los estudiantes. Una de ellas consiste en actividades creativas que permiten a los jóvenes alejarse temporalmente de las pantallas y participar en dinámicas diferentes.

A su juicio, ofrecer alternativas puede resultar más efectivo que limitarse a retirar el dispositivo, debido a que los estudiantes necesitan aprender también a relacionarse con la tecnología de manera responsable. La regulación, dijo, debe ir acompañada de procesos que permitan desarrollar habilidades críticas y digitales.

El académico también destacó que la realidad cambia dependiendo del nivel educativo. Consideró que en educación básica puede ser necesario un mayor control sobre el uso de los teléfonos, mientras que en niveles superiores el dispositivo ya forma parte de las dinámicas académicas y laborales.

En Cancún, señaló, existen estudiantes universitarios que mantienen conexión con sus clases incluso fuera del salón. Algunos llegan a la universidad después de trabajar en hoteles u otras empresas y aprovechan sus teléfonos para mantenerse vinculados con las actividades académicas mientras se trasladan.

También identificó casos en los que los alumnos utilizan los dispositivos para desarrollar proyectos, emprender negocios en línea o proponer soluciones tecnológicas en sus centros de trabajo. En esas circunstancias, el teléfono deja de ser únicamente un elemento de distracción y se convierte en una herramienta vinculada con su formación profesional.

Por ello, consideró que el debate no debería plantearse bajo la lógica de “todos o nadie”. Hay asignaturas y actividades en las que puede ser conveniente desconectarse, pero existen otras en las que el uso de la tecnología puede aportar al proceso educativo.

Reyes Hernández también llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer las habilidades digitales de los estudiantes. Explicó que sus investigaciones han mostrado que quienes carecen de estas capacidades pueden enfrentar dificultades al incorporarse al mercado laboral, particularmente en sectores como el hotelero y empresarial de Cancún.

La discusión adquiere otra dimensión con el avance de la inteligencia artificial. El académico consideró que las universidades deberían comenzar a incorporar en los perfiles de egreso las habilidades relacionadas con el uso de estas herramientas y la capacidad de emplearlas de manera crítica.

“No es un tema de opiniones”, planteó al referirse a la necesidad de que las instituciones recurran a investigaciones para diseñar sus políticas tecnológicas. Señaló que las reglas deben construirse con base en la experiencia de estudiantes y docentes y adaptarse a las condiciones particulares de cada institución.

Otro de los retos, agregó, consiste en enseñar a los jóvenes a evaluar la información que encuentran en internet. Ante la enorme cantidad de contenidos disponibles, consideró indispensable desarrollar habilidades para identificar fuentes confiables y distinguir información verificada de aquella que puede resultar falsa o engañosa.

En este contexto, la inteligencia artificial representa un reto adicional para los profesores. Reyes Hernández explicó que si las actividades académicas se limitan a pedir investigaciones o trabajos convencionales, los estudiantes pueden recurrir fácilmente a estas herramientas para resolverlas.

Por el contrario, propuso diseñar experiencias de aprendizaje en las que los alumnos investiguen, lean, analicen y posteriormente comparen sus propias conclusiones con las respuestas generadas por la inteligencia artificial. De esta manera, el uso de estas herramientas puede convertirse también en una oportunidad para desarrollar pensamiento crítico.

El académico sostuvo que los estudiantes actuales viven una realidad marcada por cambios constantes, sobreinformación y una relación permanente con las pantallas. Por ello, además de enseñarles a utilizar dispositivos y herramientas digitales, las instituciones deben proporcionar espacios para descansar, jugar, crear, convivir y desconectarse.

La regulación del uso de celulares, concluyó, representa apenas una parte de una discusión mucho más amplia sobre la cultura digital en las instituciones educativas. El reto consiste en encontrar un punto intermedio entre la prohibición absoluta y el uso indiscriminado, mediante reglas construidas a partir de la experiencia y las necesidades de cada comunidad escolar.

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