Denuncian criterios contradictorios en amparos por el futuro de Mahahual
Mahahual, 17 de febrero (InZoomMX).- La comunidad de Mahahual enfrenta un nuevo obstáculo en su lucha por la defensa de su territorio y su entorno natural, luego de que resoluciones judiciales contradictorias impidieran el avance de varios amparos promovidos por habitantes de la localidad.
El colectivo Salvemos Mahahual y la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) informaron que la jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández, del Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal, no admitió los recursos interpuestos por ocho ciudadanos, quienes buscaban la protección de la justicia federal ante decisiones que consideran perjudiciales para su comunidad.
Cambios de criterio en un mismo caso
De acuerdo con los colectivos, en un primer amparo la jueza determinó que la modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) debía considerarse como un acto administrativo. Bajo ese enfoque, el plazo legal para impugnarlo era de 15 días, contados a partir del momento en que las personas afectadas tuvieron conocimiento del acto.
Sin embargo, en los amparos posteriores, la misma autoridad judicial modificó su interpretación y trató la reforma al PDU como si se tratara de una ley, lo que amplía el plazo a 30 días, contados desde su publicación oficial.
Con base en este nuevo criterio, se estableció como punto de partida el 5 de diciembre, fecha en que se publicó la modificación, sin tomar en cuenta el momento en que la comunidad tuvo acceso real a su contenido y a sus posibles consecuencias.
Señalan afectaciones a la certeza jurídica
Para los integrantes de Salvemos Mahahual, esta variación en los criterios representa una contradicción evidente, ya que un mismo acto fue clasificado de dos formas distintas, con efectos legales diferentes.
Advirtieron que este tipo de resoluciones vulnera principios fundamentales como la seguridad jurídica, la certeza legal y el acceso efectivo a la justicia, al generar incertidumbre entre los ciudadanos que buscan defender sus derechos.
Sostuvieron que la naturaleza jurídica de un acto no puede modificarse según el caso, ya que esto abre la puerta a interpretaciones discrecionales que afectan a las comunidades.
Posturas encontradas sobre el proyecto
En este contexto, los colectivos recordaron declaraciones públicas de Ari Adler, representante de la empresa promotora del proyecto en la zona, quien aseguró confiar en que el sistema legal permitirá continuar con los planes para abrir el parque en 2027.
Ante ello, Salvemos Mahahual reiteró que su postura no es contraria al desarrollo, sino a la falta de apego a la legalidad y al respeto ambiental.
“Exigimos coherencia jurídica y respeto a los derechos de la comunidad y del medio ambiente. La ley no debe ajustarse al poder económico o político”, señalaron.
Llamado a una justicia imparcial
Las organizaciones insistieron en que Mahahual no busca privilegios, sino condiciones equitativas para defender su territorio y su forma de vida.
Afirmaron que continuarán utilizando las vías legales disponibles para exigir transparencia, legalidad y decisiones judiciales consistentes.
“Mahahual se defiende. Exige justicia, legalidad y un futuro digno”, concluyeron.
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