Los asentamientos irregulares, principal problema social del estado
Playa del Carmen, 20 de octubre (InZoom.Mx).– El secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo, José Alberto Alonso Ovando, admitió que los asentamientos sin certeza jurídica son el principal problema social que enfrenta el estado.
El funcionario explicó que la intención no es construir vivienda directamente, sino promover su desarrollo y regularización, así como la búsqueda de tierra social, es decir, terrenos accesibles donde se puedan edificar viviendas con precios justos y servicios básicos.
“Playa del Carmen tuvo un fenómeno donde la tierra se volvió muy cara, y eso impidió que los desarrolladores ofrecieran vivienda accesible. Por eso muchas familias fueron guiadas por líderes hacia zonas irregulares”, señaló.
El titular de Sedetus indicó que la dependencia trabaja actualmente en procesos de mediación entre particulares y ocupantes de predios con uso irregular, como ocurre en una sección de Las Torres, donde ya se registran avances hacia su regularización.
Explicó que, aunque el estado no cuenta con tierras disponibles para donación, los municipios pueden consolidar reservas territoriales a través de acuerdos con desarrolladores o empresas inmobiliarias, lo que permitiría impulsar proyectos de vivienda integral.
En ese sentido, destacó la colaboración con instituciones como Conavi e Infonavit, que entregan viviendas completas con servicios, otorgando facilidades de pago o subsidios tanto a derechohabientes como a personas sin afiliación laboral formal.
Regularización y atlas de riesgo
Sobre las ocupaciones irregulares, Alonso Ovando precisó que no se utiliza el término “invasión”, pues se trata de asentamientos sin título de propiedad, que pueden estar sobre terrenos privados, ejidales o públicos.
El municipio de Benito Juárez (Cancún) concentra el mayor número de casos, seguido por otras zonas donde Sedetus trabaja junto con el Instituto de Suelo Urbano (INSU), particularmente en el ejido Alfredo V. Bonfil, una de las áreas más complejas.
El funcionario añadió que la actualización de los atlas de riesgo y su incorporación a los programas de desarrollo urbano son herramientas clave para definir las zonas aptas para vivienda y evitar futuras ocupaciones en terrenos inseguros.
“Cada caso es distinto. Hoy trabajamos con una institución bancaria en un polígono de 200 hectáreas para llegar a acuerdos que permitan regularizar y dar certeza jurídica a las familias”, expresó.
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