Inspección judicial confirma daños en cavernas del Tramo 5 del Tren Maya
El recorrido ordenado por un juez verificó afectaciones por derrames de cemento en Garra de Jaguar y Oppenheimer
Cancún, 14 de agosto (InZoom.Mx).- Personal del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán realizó hace dos días, una inspección judicial en las cavernas Garra de Jaguar y Oppenheimer, ubicadas debajo del Tramo 5 del Tren Maya, para verificar denuncias de daños por derrames de cemento durante la construcción, informó “Selvame del Tren” en sus redes sociales.
La diligencia fue solicitada en un amparo interpuesto en marzo de 2024 por agrupaciones ambientalistas.
Durante la visita, que contó con representantes de la Sedena, del megaproyecto y de la parte quejosa, se constató que persisten las afectaciones a las formaciones y al agua de la caverna Oppenheimer, pese a que los responsables aseguraron haber aplicado medidas de reparación.
Denuncias por desacato y demora judicial
De acuerdo con la ONG ambiental, en el recorrido se observó personal del Tren Maya trabajando en la zona, a pesar de que existe una suspensión definitiva emitida en otro juicio sobre el mismo tramo, lo que, según los quejosos, constituye un desacato al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito.
Las organizaciones criticaron que la inspección se realizara un año y cinco meses después de los hechos denunciados, lo que habría dado oportunidad a ocultar daños. Señalaron que la Profepa ya había confirmado las afectaciones en 2024 tras recibir denuncias ciudadanas.
Exigen nuevas medidas cautelares
La parte quejosa solicitó al Juzgado que, con base en estos hallazgos, ordene una nueva suspensión definitiva y considere los daños en la resolución de fondo, recordando la obligación de proteger el derecho humano a un medio ambiente sano y al agua.
En redes sociales, activistas como Elías Siebenborn y Juan Carlos Rojas Palacios señalaron que el agua, que debería ser cristalina, está turbia y calificaron el hecho como “ecocidio total”.
Otros usuarios cuestionaron la actuación de autoridades como la Semarnat y la Profepa, exigiendo que “apliquen la ley parejo”.
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