Cobro del Derecho de No Residente a cruceristas pone en riesgo la economía de Cozumel
Cozumel, 30 de noviembre (InZoomMx).- En la isla de Cozumel, uno de los principales destinos de cruceros del mundo, se encienden las alarmas por la inminente implementación del cobro del Derecho de No Residente (DNR) a turistas que arriban en cruceros, medida que entrará en vigor en enero de 2025.
Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel, destacó que esta decisión, aprobada en la Ley de Ingresos, podría impactar gravemente la economía local, por lo que hizo un llamado a los senadores Mayuli Martínez, Anahí González y Eugenio Segura para que reconsideren esta medida.
“No estamos en contra del cobro, pero debe ser justo y enfocado en el desarrollo de los destinos que hacen posible esta industria. Sin estos ajustes, corremos el riesgo de perder competitividad frente a otros destinos del Caribe”, advirtió.
Cabe destacar que los cambios a la Ley Federal de Derechos para 2025, los cuales fueron aprobados el martes en la cámara de diputados y ya está en la de senadores para ser aprobada posiblemente la próxima semana, establece que, del Derecho de No Residente, que antes era usado con fines de promoción turística, a partir del próximo año el 67% será entregado a Defensa (antes Sedena).
Actualmente, Cozumel recibe cerca de 5 millones de pasajeros anuales, lo que representa más del 50% del arribo de cruceristas en México.
Visitantes estaban exentos del pago del DNR
Hasta ahora, estos visitantes estaban exentos del pago del DNR debido a que solo permanecen unas horas en la isla como parte de su itinerario.
“Los pasajeros de cruceros generan una derrama económica aproximada de 742 millones de dólares al año, pero compiten directamente con otros destinos del Caribe que ofrecen mejores condiciones. Cobrarles 800 pesos por persona podría desincentivar su llegada y afectar gravemente a las familias que dependen de esta industria”, explicó Joaquín Hernández.
El nuevo impuesto podría significar ingresos por hasta 4 mil millones de pesos anuales para el país, pero los empresarios locales aseguran que este recurso no beneficiará directamente a los municipios que generan esta actividad. Además, critica que la medida fue aprobada sin consulta previa, calificándolo incluso como “un albazo”.
De acuerdo con Carmen Joaquín, la iniciativa ya provocó reacciones internacionales. La Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), que agrupa a las principales navieras, envió un comunicado expresando su preocupación por el impacto financiero y logístico que este cobro tendría, especialmente considerando que los paquetes de cruceros se planifican con años de anticipación.
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