Fustigan antagonistas de AMLO Tren Maya y su visita a la Península
Cancún, 2 de Junio (Infoqroo).- Antagonistas del Tren Maya, organizaciones no gubernamentales, colectivos indígenas y populares, comunidades de base, académicos y, personas en lo particular, cuestionaron una vez más el proyecto federal que es la obra insignia del actual Gobierno Federal y la más importante en la historia de la Península de Yucatán.
En un comunicado, los inconformes señalaron lo inoportuno de dicha visita en medio del momento más crítico de la pandemia de la COVID-19.
El Tren Maya, aseguraron, ha sido presentado como uno de los principales proyectos de la actual administración federal.
Añadieron que en el discurso, la obra servirá para “detonar el desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región”.
Sin embargo, aseguraron, durante el avance del proyecto han sido atropellados los derechos y garantías de la población y ha sido violentado el Estado de derecho.
Entre otras causas, rechazan el proyecto porque, según afirmaron, existen diversos amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ordenado como medida cautelar, la suspensión de actividades no esenciales del proyecto.
Agregaron que el objetivo de la visita del Presidente a la Península de Yuatá, esta semana, desdeña y desacata órdenes judiciales y de derechos humanos, afectando “el delicado balance y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país”.
Añadieron que el megaproyecto en cuestión, aunque afecta de manera directa a comunidades indígenas de al menos cuatro de las cinco entidades federativas ha sido erigido sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad en el diseño y planeación de un proyecto de desarrollo.
Alegaron también que para este proyecto no existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades y pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación.
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