Q. Roo, sin protocolos para atender la alerta de género
Cancún, 8 de agosto (Infoqroo).— La diputada federal Mildred Ávila Vera explicó que se revisa la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, buscando, entre otras cosas, que en las alertas de género tengan mayor responsabilidad y participación los municipios, porque tienen mucho que ver en la mejora en las áreas públicas, el alumbrado y condiciones que garanticen seguridad a las féminas.
Asimismo, recordó que en 2015 comenzaron las alertas de género y que en Quintana Roo hay una vigente, pero no se tienen los protocolos y condiciones para atenderla y el propio Fiscal Óscar Montes de Oca reconoce que eso, muchas veces, tiene que ver con la profesionalización, formación, conocimiento y sensibilidad, pero sobre todo con la voluntad y articulación.
En esto no participa sólo una institución sino muchas, desde la que tiene que dar seguimiento y atención al tema de salud y atención a las víctimas y familiares que están a su alrededor, apuntó.
Al abundar sobre la responsabilidad de los Ayuntamientos, dijo que a esa instancia le corresponde la seguridad en el transporte, en la movilidad, en los lugares donde las mujeres adultas y niñas esperan el autobús para acudir a sus centros de trabajo o escuelas, que muchas veces están enmontados. “Será fundamental el enlace y coordinación con los ayuntamientos”, expuso.
En este trabajo se está revisando que los delitos que han crecido tienen que ver con abuso y violencia sexual, feminicidio y violencia familiar, que representan 42 por ciento de las llamadas al 911. Ahí hay un foco en el que debemos trabajar en acciones preventivas, no vigilar solamente que se dé seguimiento y que haya acceso a la justicia para las familias y mujeres, sino que no se cometan acciones que lastiman y generan tanto daño al interior de la familia, manifestó.
Asimismo, señaló que hay serios problemas para articular el trabajo con la Secretaría de Salud, que se niega a cumplir la ley, de modo que se requiere presión de otras instituciones, principalmente de la sociedad civil.
Ojalá que ahora que la Suprema Corte aprobó la Norma 046, que autoriza a interrumpir embarazo en caso de violación, la Secretaría de Salud se aplique, prosiguió. Su negativa a actuar en ese tipo de situaciones es parte de la violencia estructural en la que incurren quienes son responsables de que se aplique la ley y hacen caso omiso.
El mismo Estado incurre en violencia estructural cuando omite o cuando, con conocimiento, quienes son responsables de determinadas tareas dejan de hacer la parte que les corresponde para atender las necesidades de las mujeres y de las personas en lo local o nacional, continuó.
Nosotros, desde la parte legislativa, consideramos que se deben dar más facultades a todos lo que tienen que ver con las alertas de género, porque muchas veces se generan programas para hacer frente a la violencia, a la desigualdad, a la situación que viven las mujeres, pero a los organismos encargados de aplicarlos no les damos la suficiente fuerza jurídica para ser decisivas en las acciones que realizan, añadió.
La legisladora recordó que recientemente participó en reuniones con el fiscal Montes de Oca, a quien expuso preocupación por cómo funciona el Centro de Justicia para Mujeres. Hay gran participación de las autoridades que tienen tareas claras en ese sentido para unir esfuerzos.
También estamos viendo cómo se organizaron y direccionan los presupuestos. Eso es fundamental y nos permite ver debilidades de la legislación, pues se dan recursos, que por mínimos que sean, no están transparentados, no están claros ni bien direccionados y hay una responsabilidad de quienes los desvían, indicó.
Este trabajo requiere, sobre todo, voluntad, sensibilidad, humanidad, compromiso real como servidor público. A eso debemos apostar, al trabajo único, vinculado, con un gran compromiso, pues no todo se reduce a la parte financiera, presupuestal.
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